El lunes 10 de febrero de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que suspende la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), una normativa vigente desde 1977 que prohíbe a las empresas estadounidenses sobornar a funcionarios extranjeros para obtener o retener negocios. Esta decisión ha generado un intenso debate sobre sus implicaciones para la competitividad de las empresas estadounidenses y los esfuerzos globales contra la corrupción.
La FCPA fue promulgada en 1977 como respuesta a los escándalos de corrupción revelados tras la investigación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en el marco del caso Watergate.
La ley tiene dos objetivos principales: evitar que las empresas estadounidenses fomenten la corrupción en el extranjero y garantizar que las prácticas comerciales internacionales sean justas y transparentes. Desde su implementación, la FCPA ha sido un pilar en la lucha contra la corrupción, especialmente en mercados emergentes donde el soborno es una práctica común.
En las últimas décadas, la FCPA ha sido aplicada con mayor rigor, lo que ha llevado a multas millonarias a empresas como Siemens, Goldman Sachs y Ericsson por pagar sobornos a funcionarios extranjeros. Sin embargo, la administración Trump argumenta que esta ley ha puesto a las empresas estadounidenses en desventaja frente a competidores internacionales que operan en países con normas anticorrupción más laxas.
En un comunicado oficial, la Casa Blanca defendió la orden ejecutiva alegando que la FCPA ha sido aplicada de manera «excesiva e impredecible«, lo que ha limitado la capacidad de las empresas estadounidenses para competir en sectores estratégicos como la minería, la infraestructura y la tecnología. Según Trump, la suspensión de la ley permitirá a las empresas estadounidenses obtener «ventajas comerciales estratégicas en todo el mundo» y fortalecerá la seguridad nacional del país.
«Muchos, muchos acuerdos no se pueden concretar porque nadie quiere hacer negocios con los estadounidenses, porque no quieren sentir que cada vez que levantan el teléfono van a ir a la cárcel», declaró Trump desde el Despacho Oval. El presidente también ordenó a la fiscal general, Pam Bondi, revisar los casos actuales y pasados relacionados con la FCPA y emitir nuevas directrices para su aplicación en el futuro.
En el Congreso, senadores demócratas han cuestionado la medida y analizan posibles acciones legislativas para impedir su implementación. «La FCPA no es solo una ley anticorrupción; es una declaración de principios sobre cómo deben operar las empresas estadounidenses en el extranjero. Suspender su aplicación es un error que podría tener consecuencias devastadoras para la reputación de Estados Unidos en el mundo«, afirmó un senador demócrata.
La suspensión de la FCPA forma parte de una agenda más amplia de desregulación impulsada por Trump en su segundo mandato. Sin embargo, expertos en derecho y economía advierten que esta medida podría tener efectos negativos a largo plazo. «Las leyes anticorrupción son esenciales para el desarrollo económico y el mantenimiento de un entorno empresarial saludable. Detener su aplicación no es la solución; el verdadero desafío es fomentar una mayor cooperación internacional para garantizar que estas leyes se apliquen de manera justa y uniforme», señaló Edward Li, profesor de la Universidad de Columbia.
Por su parte, Cristian Francos, abogado especialista en anticorrupción, destacó que aunque la orden ejecutiva podría reducir las investigaciones en el corto plazo, es poco probable que las empresas abandonen sus programas de cumplimiento anticorrupción. «El terreno que se ganó y las mejores prácticas internacionales van a quedar al menos por un tiempo. Dudo mucho que de repente las empresas empiecen a sobornar a todo el mundo«, afirmó.
La decisión de Donald Trump de suspender la aplicación de la FCPA ha abierto un debate sobre el equilibrio entre la competitividad económica y los principios éticos en los negocios internacionales. Mientras la administración argumenta que esta medida beneficiará a las empresas estadounidenses, sus críticos advierten que podría tener un impacto negativo en la lucha global contra la corrupción y en la reputación de Estados Unidos como líder en la promoción de prácticas comerciales transparentes.
En un mundo cada vez más interconectado, la pregunta clave es si esta decisión fortalecerá la posición de Estados Unidos en el escenario global o si, por el contrario, representará un retroceso en los esfuerzos por construir un sistema económico más justo y equitativo. Solo el tiempo lo dirá.
