El concepto de compliance ha ganado relevancia en múltiples sectores, especialmente en el ámbito privado, sin embargo, su implementación en el sector público, plantea una serie de desafíos y oportunidades. Este artículo explora la necesidad del compliance es necesario en el sector público y cómo puede contribuir a una gestión más ética, transparente y eficiente.
Hablar de compliance en el sector público puede parecer paradójico, dado que este ámbito debería ser, por definición, el referente en cumplimiento normativo y sometimiento a la Ley.
No obstante, la desafección ciudadana hacia las instituciones públicas, ha evidenciado la necesidad de adoptar nuevas medidas para restaurar la confianza pública.
El sector público, al igual que el privado, enfrenta riesgos asociados a corrupción, conflictos de interés y fraude. Estos problemas no solo afectan la reputación de las instituciones, sino que también generan impactos negativos en la economía, la educación, la salud y otros sectores estratégicos. Por ello, implementar programas de compliance en el sector público no es un lujo, sino una necesidad.
Uno de los principales avances en la incorporación del compliance al sector público en el mundo, se evidenció en España con la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que incorpora directivas europeas sobre la contratación. Esta ley no solo promueve la transparencia y la eficiencia, sino que también introduce el principio de integridad como pilar fundamental en la gestión de recursos públicos.
Un aspecto innovador de esta normativa es la posibilidad de que los operadores económicos exonerados de prohibiciones para contratar con la administración pública presenten pruebas de haber adoptado medidas de compliance para prevenir futuras infracciones. Esto refuerza la idea de que el compliance no solo es una herramienta de prevención, sino también de rehabilitación y mejora continua.
Beneficios del compliance en la contratación pública
- Prevención de la corrupción y el fraude
La contratación pública es uno de los ámbitos con mayor riesgo de corrupción. Según estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la corrupción puede generar un sobrecoste del 4,5% del PIB.
Implementar programas de compliance permite identificar y mitigar riesgos, protegiendo así los recursos públicos.
- Fomento de la integridad institucional
Siguiendo los principios de la OCDE, el compliance promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la buena gestión. Estos valores fortalecen la credibilidad de las instituciones públicas. - Alineación con estándares internacionales
La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y las directivas europeas en materia de contratación pública destacan la importancia de adoptar sistemas de integridad y compliance para garantizar una gestión ética y eficiente de los recursos.
El concepto de «I-Administración» o Administración Íntegra debe ser el objetivo final de cualquier iniciativa de compliance en el sector público. Esto implica no solo cumplir con las leyes, sino también actuar de manera ejemplar en todos los niveles de la administración.
El camino hacia una gestión pública basada en el compliance requiere un cambio cultural profundo, donde la ética, la transparencia y la integridad sean valores fundamentales. Solo así se podrá restaurar la confianza ciudadana y garantizar una administración pública eficiente y responsable.
